viernes, 16 de octubre de 2015

La Ley de Defensa de la República

Mucho se ha hablado de la Ley de Seguridad Ciudadana, denominada por detractores como "Ley Mordaza", y en su momento se habló de la Ley Corcuera, denominada por sus detractores como "Ley de patada en la puerta" (creo que los detractores de una y otra no son los mismos), pero mucho antes de todo eso, existió una Ley que objetivamente no puede, ni debe ser tolerada por un país que intente o presuma de ser democrático. Esa Ley tuvo lugar durante la Segunda República Española y se denominó como Ley de Defensa de la República. 


Esta Ley se aprobó en un contexto en el que la Segunda República acababa de llegar a España y, tras la aprobación de la Constitución de 1931 en el que se reconocía temas tan polémicos como el de la laicidad del Estado. El resumen es que España vivía un momento en el que muchos aceptaron el nuevo sistema, mientras otros, por su defensa de la Monarquía o por los ataques a la religión católica, no la aceptaron.  Los ataques a conventos e iglesias, con incendios incluidos, lo cual llevó a muchos periódicos de corte monárquico y católico a criticar la inacción del Gobierno, no gustó a las autoridades republicanas, que creían que habían ido demasiado lejos cuando hablaban de Libertad de Expresión o de conciencia. 

Gobierno provisional de la Segunda República

Así esta Ley, que fue aprobada el 21 de Octubre de 1931 por las Cortes Constituyentes, tenía como objetivo dotar al Gobierno Provisional de un instrumento de excepción al margen de los tribunales de justicia para actuar contra los que, según ellos, cometieran “actos de agresión contra la República”. El problema de esta Ley es que en su esencia iba contra la misma Constitución, ya que invalidaba los derechos fundamentales de todos los ciudadanos. 


Las partes más polémicas de la Ley eran temas como que quedará prohibidas "toda acción o expresión que redunde en menosprecio de las Instituciones del Estado", "alteración injustificada del precio de las cosas" o "la difusión de noticias que puedan quebrantar el crédito o perturbar la paz o el orden público", algo que convertía lo que pretendía ser una Democracia en una dictadura y es que esta Ley, que se incluyó expresamente en la disposición transitoria segunda para que pudiera seguir vigente mientras siguieran reunidas las Cortes Constituyentes, fue la norma fundamental de la República (por encima de la propia Constitución) hasta su derogación el 29 de Agosto de 1933, tras aprobarse la Ley de Orden Público de 28 Julio de 1933 con el Gobierno de Lerroux y tras los sucesos de Casas Viejas, aunque delitos contra la Libertad siguieron habiendo hasta el año 1936 cuando los militares se sublevaron, iniciándose la guerra civil.

Casas Viejas obligaron a Azaña a convocar elecciones

Lo cierto es que esta Ley llevó al cierre, al encarcelamiento indiscriminado e incluso al exilio a personas que apoyaban expresamente la Monarquía, criticaran temas tan candentes como la laicidad del Estado o cualquier acción que llevara a cabo el Gobierno, incluyendose a personas concretas o llevándose a cabo cierre de periódicos (suspensión gubernamental se decía). Por esta Ley podían censurarse películas que mostraran la realidad de una España aún analfabeta. Incluso llevar la bandera rojigualda era un delito muy grave. 


Muchos hablan de que esta Ley verdaderamente antidemocrática (nadie lo discute) buscaba el mantenimiento lógico de un sistema, que muchos no aceptaban, dando a entender que había que buscar la aceptación del sistema, aunque fuera con métodos dictatoriales (el fin justifica los medios podría decirse). Sin embargo, yo (al igual que muchos que son verdaderos expertos en el tema) creo que esta Ley reconoció el propio fracaso de la República. El Gobierno de Azaña no supo, ni quiso explicar muchas de sus iniciativas y el motivo por el cual la República era una buena solución. De forma indirecta reconoció que la Segunda República era un sistema que tenía que hacerse valer de medios poco democráticos para su permanencia, lo que convirtió al sistema en una dictadura de facto. 


La Segunda República cometió muchos errores al permitir determinadas acciones (actos revolucionarios, quema de Iglesias y conventos, etc. ) y ya fue en si misma un error cuando permitió que por el fanatismo de algunos, muchos fueran encarcelados o censurados por decir lo que pensaban.

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